El Gobierno de México, a través de un comunicado conjunto de la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), rechazó las recientes declaraciones del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, en las que se acusaba al Estado mexicano de practicar desapariciones forzadas. México subrayó que, como parte de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, mantiene una cooperación constante con el Comité desde 2014.
El Comité emitió medidas cautelares para garantizar la protección de los restos y objetos personales localizados en el rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, y para asegurar el acceso a la información y protección de los familiares de las personas desaparecidas. Asimismo, expresó su preocupación por las dificultades que enfrentan los colectivos de búsqueda y las amenazas que han recibido a pesar de las medidas de protección.
El gobierno mexicano reafirmó que no consiente ni ordena desapariciones forzadas como parte de una política de Estado y destacó su compromiso con el respeto a los derechos humanos y la lucha contra la violencia. Aseguró que seguirá atendiendo las solicitudes del Comité y tomando acciones para combatir este grave problema.