La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, rompió el silencio y confirmó que la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abierta una investigación contra su exesposo, Carlos Torres, por presuntos delitos de narcotráfico, tráfico de armas y lavado de dinero, un caso que ya sacude al escenario político nacional.
Durante una conferencia ofrecida este miércoles, la mandataria estatal aseguró que las indagaciones derivan de una denuncia anónima y confió en que la Fiscalía esclarecerá los hechos. “Estoy convencida de que la FGR es una institución seria y que hará una investigación a fondo”, declaró, marcando distancia pública del señalamiento que involucra a su expareja.
El caso tomó mayor fuerza luego de que una investigación periodística revelara que la denuncia habría sido presentada el 11 de junio de 2025 y que, según la carpeta de investigación, Torres presuntamente recibía alrededor de 150 mil dólares mensuales a cambio de permitir operaciones del llamado Cártel de los Rusos, una facción del Cártel de Sinaloa, en territorio bajacaliforniano.
Las revelaciones coinciden con un antecedente que ya había levantado sospechas: en mayo del año pasado, autoridades de Estados Unidos retiraron las visas tanto a Marina del Pilar como a Carlos Torres, y semanas después comenzó formalmente la investigación contra él.
Ante el escándalo, Torres difundió un comunicado en el que aseguró haberse retirado de la vida política para enfrentar el proceso legal y defendió su inocencia. Calificó la denuncia como “un dicho sin rostro” y sostuvo que se trata de señalamientos sin pruebas. “Confío plenamente en que la investigación servirá para desestimar estas falsedades”, expresó.
Sin embargo, la carpeta de investigación también menciona al hermano de Torres, Luis Alfonso Torres, como presunto operador principal de una red que habría movido recursos ilícitos mediante empresas, campañas políticas y extorsiones relacionadas con aduanas del Estado. De acuerdo con el expediente, el dinero obtenido sería invertido en bienes raíces en Estados Unidos.
El caso salpica además a otros nombres de peso en la política local y federal, entre ellos funcionarios del SAT en Baja California y un senador de la República, lo que amplía el alcance del escándalo más allá del círculo personal de la gobernadora.
Carlos Torres, quien militó durante casi dos décadas en el PAN antes de sumarse a Morena, ocupó diversos cargos legislativos y administrativos, y su figura estuvo estrechamente ligada a la de Marina del Pilar durante los últimos años, hasta su salida de un cargo honorario en junio de 2025, en pleno surgimiento de los señalamientos.
Mientras la FGR avanza en las indagatorias, el caso mantiene en vilo a Baja California y añade un nuevo capítulo de tensión política, donde lo personal, lo judicial y lo mediático se entrelazan con fuerza.