Madrid.— En medio de la atención mediática que ha rodeado su nombre en los últimos días, Julio Iglesias decidió pasar a la ofensiva legal. El cantante español solicitó a través de sus abogados el archivo de la investigación que enfrenta en la Audiencia Nacional por presuntos delitos de abuso sexual, al asegurar que los tribunales españoles no tienen competencia para conocer el caso.
A sus 82 años y desde su residencia en República Dominicana, el intérprete de Soy un truhán, soy un señor es representado por el reconocido penalista José Antonio Choclán, quien presentó un escrito ante la Fiscalía en el que argumenta que los hechos denunciados habrían ocurrido fuera de España, específicamente en República Dominicana y Bahamas.
Según la defensa, la justicia española no puede investigar los señalamientos debido al principio de territorialidad, ya que —sostienen— las supuestas agresiones tendrían que ser juzgadas en los países donde presuntamente sucedieron. Con base en ello, solicitan que se decrete el archivo inmediato de las diligencias.
El equipo legal del artista también pidió acceso total a la investigación, al considerar que el caso ha tenido una fuerte “repercusión pública” que estaría causando un daño directo a la imagen y trayectoria de uno de los cantantes más icónicos de la música en español.
Otro punto que ha generado polémica es la petición de la defensa para estar presente en la primera declaración de las dos mujeres denunciantes ante la Fiscalía. De acuerdo con el escrito, la intención es “acreditar la falsedad de las imputaciones” y defender el honor de Iglesias.
Además, Choclán cuestionó que las denunciantes hayan sido consideradas testigos protegidas, al señalar que el caso fue llevado deliberadamente al terreno mediático, por lo que —argumenta— no habría justificación para mantener medidas especiales frente al investigado.
La estrategia legal de Julio Iglesias se apoya en que la jurisdicción española solo puede intervenir de manera subsidiaria, es decir, cuando no exista la posibilidad de investigar los hechos en el país donde ocurrieron. “Ese no es el caso”, sostiene la defensa, al afirmar que tanto República Dominicana como Bahamas cuentan con marcos legales para atender este tipo de denuncias.
El movimiento legal del cantante reaviva el debate público y mediático en torno a su figura, mientras la Fiscalía analiza los argumentos presentados y decide si la investigación continúa o se archiva. Por ahora, Julio Iglesias insiste en limpiar su nombre y frenar un caso que amenaza con empañar décadas de éxito y una carrera legendaria.