Julio Iglesias no solo se defiende: contraataca. En medio de las acusaciones por presunta agresión sexual presentadas por antiguas empleadas, el cantante español ha decidido dar un giro inesperado a su estrategia legal y mediática al publicar en su cuenta de Instagram conversaciones privadas de WhatsApp que, según él, demostrarían la falsedad de los señalamientos.
El artista justifica esta decisión asegurando que la Fiscalía le negó el acceso a una copia de la denuncia, lo que —a su juicio— lo dejó sin otra alternativa que hacer públicos los mensajes. Sin embargo, esta jugada, que busca limpiar su imagen ante la opinión pública, podría abrir un nuevo frente legal con consecuencias penales y civiles.
El límite entre la defensa y la ilegalidad
Aunque compartir mensajes propios puede parecer inofensivo, la legislación española traza una línea clara cuando se trata de comunicaciones privadas. La Constitución Española protege expresamente el derecho a la intimidad y al secreto de las comunicaciones, salvo resolución judicial.
En ese contexto, la difusión de conversaciones privadas sin consentimiento podría encajar dentro del delito de descubrimiento y revelación de secretos, regulado por el artículo 197 del Código Penal. Este precepto sanciona la divulgación de mensajes personales cuando se vulnera la intimidad, el honor o la reputación de terceros.
Si los contenidos publicados abordan aspectos íntimos o sensibles, las penas podrían oscilar entre multas económicas y hasta un año de prisión, dependiendo del daño causado y de la interpretación del juez.
Fama, redes sociales y efecto multiplicador
El problema no es solo jurídico, sino también mediático. Los tribunales suelen ser especialmente estrictos cuando quien difunde este tipo de contenidos es una figura pública con enorme proyección, como Julio Iglesias. El alcance masivo de sus redes sociales amplifica el impacto y agrava el posible daño a las personas mencionadas en los mensajes.
Además, la publicación de datos personales sin autorización podría implicar sanciones administrativas por vulneración de la ley de protección de datos, con multas que pueden alcanzar los 40.000 euros.
¿Ser parte de la conversación lo protege?
Aquí está uno de los puntos más polémicos. Al formar parte del intercambio de mensajes, Iglesias no accede a ellos de manera ilícita, lo que complica que exista delito penal automático. Así lo han señalado diversos penalistas consultados por medios como El País.
No obstante, esta circunstancia no lo blinda por completo. Si la difusión afecta derechos fundamentales —como el honor o la intimidad— las personas aludidas pueden recurrir a la vía civil para reclamar indemnizaciones por daños morales y reputacionales.
Una defensa que juega con fuego
Dos extrabajadoras denunciaron al cantante el pasado 5 de enero por presuntos delitos de trata y abusos sexuales. En ese contexto, la decisión de exponer conversaciones privadas no solo busca ganar la batalla mediática, sino también presionar en el terreno judicial.
La pregunta que ahora flota en el ambiente es clara: ¿está Julio Iglesias ejerciendo su derecho a defenderse o cruzando una línea legal peligrosa? Lo que es seguro es que su estrategia ha encendido aún más el foco mediático… y podría tener un costo mayor del esperado.