Nueva York y Washington.— La persistencia de protestas en Mineápolis y en otras ciudades de Estados Unidos, tras la muerte del enfermero Alex Pretti a manos de un agente federal, llevó a la Casa Blanca a modificar parcialmente su estrategia ante la creciente presión social y política generada por el caso.
Residentes de Mineápolis continuaron este lunes con manifestaciones para exigir justicia por la muerte de Pretti, ocurrida durante un operativo federal. Los hechos, ampliamente documentados en videos difundidos en redes sociales y medios de comunicación, muestran que agentes federales utilizaron gas pimienta, sometieron al hombre y, una vez en el suelo, un elemento de la Patrulla Fronteriza disparó a corta distancia.
La difusión de las imágenes provocó un incremento de la indignación pública y abrió un nuevo frente de críticas contra el gobierno del presidente Donald Trump, tanto en la ciudad de Mineápolis como en Washington. En un inicio, la Casa Blanca, el Departamento de Seguridad Interna y la Patrulla Fronteriza sostuvieron que la víctima representaba una amenaza al orden público, versión similar a la utilizada semanas atrás tras la muerte de Renee Good, también a manos de un agente federal en la misma ciudad.
Al igual que en el caso anterior, Pretti era ciudadano estadounidense, no contaba con antecedentes penales y los registros audiovisuales no muestran una agresión directa contra los agentes. No obstante, la versión oficial mantiene que el uso de la fuerza se dio en respuesta a una supuesta resistencia violenta. Funcionarios y aliados del presidente difundieron imágenes de un arma que portaba la víctima, sin precisar que contaba con permiso legal y que, de acuerdo con los videos, no fue utilizada durante el incidente.
Ante el deterioro del control de la narrativa pública, el gobierno federal anunció un ajuste en su respuesta. El presidente Trump informó que el denominado “zar fronterizo”, Tom Homan, fue enviado a Mineápolis para asumir la coordinación de las operaciones migratorias y fungir como enlace con el gobernador de Minnesota, Tim Walz, y el alcalde de Mineápolis, Jacob Frey. El mandatario señaló que sostuvo conversaciones “positivas” con ambos funcionarios demócratas.
De acuerdo con reportes de CNN y Associated Press, el jefe de la Patrulla Fronteriza, Greg Bovino, así como parte del personal federal desplegado en la ciudad, se retirarán de Mineápolis a partir de este martes.
En el Congreso, el presidente del Comité de Seguridad Interna de la Cámara de Representantes, el republicano Andrew Garbarino, solicitó la comparecencia de funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y de otras agencias federales para explicar las tácticas utilizadas durante los operativos. Legisladores republicanos comenzaron a demandar mayor información sobre los hechos, marcando un distanciamiento con la postura inicial de la Casa Blanca.
Las reacciones también alcanzaron a exfuncionarios de las propias agencias federales. Un reporte de The New York Times documentó que oficiales activos y retirados del ICE y de la Patrulla Fronteriza expresaron preocupación por la forma en que se están llevando a cabo las operaciones, al considerar que han generado descontento interno y cuestionamientos sobre su legalidad.
En el ámbito local, el abogado y político republicano Chris Madel, quien aspiraba a la gubernatura de Minnesota y defendió legalmente al agente involucrado en el caso de Renee Good, anunció su retiro de la contienda electoral. En un pronunciamiento público, criticó las tácticas federales y sostuvo que algunas acciones podrían vulnerar garantías constitucionales, particularmente por detenciones basadas en criterios raciales.
Por su parte, el gobernador Walz y el alcalde Frey reiteraron su exigencia de retirar a los aproximadamente 3 mil agentes federales desplegados en lo que consideran el mayor operativo antimigratorio realizado hasta ahora en la región. Esta demanda ha sido respaldada por otros alcaldes y gobernadores, así como por legisladores demócratas, quienes analizan medidas presupuestales contra el Departamento de Seguridad Nacional y han pedido la destitución de la secretaria Kristi Noem.
Mientras avanzan los debates políticos, organizaciones sociales y civiles continúan fortaleciendo la movilización. Este lunes se realizaron talleres nacionales de capacitación en resistencia civil no violenta, organizados por colectivos como Indivisible, Women’s March y Rising Majority, con el objetivo de informar sobre los operativos federales y promover acciones comunitarias de apoyo a poblaciones vulnerables.
En ese contexto, líderes sindicales y de la salud expresaron su rechazo al uso de la fuerza contra Pretti. Mary Turner, presidenta del sindicato National Nurses United, afirmó que el enfermero “estaba haciendo su trabajo, cuidar a la gente”, y llamó a la defensa de las comunidades afectadas por las redadas.
Las protestas se extendieron a otros estados. En Maine, nuevo objetivo de operativos del ICE, se registraron manifestaciones en Portland con consignas contra la presencia de la agencia federal.
De acuerdo con testimonios de activistas, Alex Pretti murió tras intentar auxiliar a una mujer que presuntamente fue agredida por un agente del ICE. Sus últimas palabras, según relataron testigos, fueron: “¿estás bien?”.