La aprobación de la Ley de Inversión Mixta en el Senado generó debate debido a su posible impacto en los ahorros para el retiro administrados por las afores.
El esquema permite que estos fondos participen en proyectos de infraestructura junto con el gobierno y la iniciativa privada, lo que ha despertado críticas por un eventual uso de recursos de los trabajadores.
Especialistas advierten que el riesgo radica en que parte del dinero podría destinarse a proyectos con baja rentabilidad, lo que afectaría los rendimientos y, en consecuencia, las pensiones futuras.